El viernes a las 8 de la mañana se hará el anuncio oficial sobre el resultado del referéndum y se conocerá finalmente si Escocia deber ser un país independiente o si continúa siendo parte del Reino Unido, aunque de las dos formas saldrá “favorecido”.
En el caso de que el independentismo logre imponerse, la independencia no se haría efectiva de forma inmediata. Según las estimaciones del Gobierno escocés la fecha para proclamar la independencia del nuevo Estado sería el 24 de marzo de 2016, 18 meses después del referéndum. La fecha no ha sido escogida al azar, sino que coincidiría con dos acontecimientos de máxima relevancia en la historia de Escocia.
El 24 de marzo de 1603, el rey escocés Jaime VI subía al trono de Inglaterra tras el fallecimiento sin descendencia de la reina Isabel II. Toda la isla de Gran Bretaña pasaba entonces a estar gobernada por el mismo monarca, aunque Escocia e Inglaterra conservaron sus respectivos parlamentos y sistemas legales.
Ese mismo día, pero en el año 1707, el parlamento escocés se disolvía para integrarse en el de Westminster. Los estados escocés e inglés desaparecían de facto y nacía el Reino Unido de Gran Bretaña.
La gran apuesta del unionismo en la recta final de la campaña ha sido precisamente lo que Cameron rechazó incluir en el referéndum donde especificó que sólo podía haber una única pregunta que se respondiera si o no. La solución de los unionistas ha sido una mayor cesión de competencias a Edimburgo.
En una carta publicada el martes en el Daily Record y firmada conjuntamente por el conservador Cameron, el líder laborista Ed Miliband y el liberal-demócrata Nick Clegg, el unionismo cerraba filas prometiendo la cesión de "nuevos poderes mediante el proceso y el calendario acordado y anunciado por nuestros tres partidos, comenzando el 19 de septiembre".
Los poderes que Westminster estaría dispuesto a ceder a Edimburgo serían fundamentalmente mayores competencias en materia fiscal así como un mayor control sobre las prestaciones sociales. Precisamente la lucha contra los recortes al estado de bienestar ha sido uno de los caballos de batalla del independentismo, que ha prometido la renacionalización de recientemente privatizado servicio de correos y la protección del sistema de salud público.