Continuando con su programa de reformas, ha sido esta vez el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que ha dado la campanada: quieren modificar la ley para exigir responsabilidad penal a aquellos gestores públicos que falseen sus cuentas.
Los políticos podrían terminar entre rejas si se gastan más de lo presupuestado O, también, sus gestores si se acogen a esa picaresca nacional de acumular “facturas falsas en un cajón”. La cartera de Hacienda y Administraciones Públicas, con su ministro Cristóbal Montoro al frente, ha anunciado la intención del nuevo gobierno de llevar a cabo una reforma de la Ley de Transparencia. Según esto, cualquier gestor de los fondos públicos que incumpla las reglas del juego afrontaría las mismas responsabilidades penales que un gestor privado en esa misma situación.
Una medida que se enmarca dentro de un paquete especial aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una reunión con tintes ecuménicos que citaba ayer a todos los Consejeros autonómicos con Cristóbal Montoro. Dejando a un lado el inoportuno símil esgrimido por el ministro sobre la importancia de que todos vayan en el mismo barco, sí que una mayor coordinación es la clave ante uno de los grandes lastres que tiene España de cara a su recuperación. “Si una Administración quiere gastar más que se lo recaude subiendo los impuestos a sus ciudadanos”, ha indicado el ministro de Hacienda. “Lo que no es nunca correcto es la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables”, añadía. Unos impagos que han causado el cierre de muchos negocios que no llegaron a cobrar a tiempo sus deudas con la administración. Una situación ante la que Montoro piensa facilitar una línea de crédito público, a través del ICO (Instituto Crédito Oficial), para que las autonomías cancelen sus deudas más urgentes con aquellas empresas al borde de la quiebra.
La deuda de las comunidades autónomas sigue siendo, junto a la tasa de desempleo, el principal motivo por el que nuestro país paga tan cara su financiación externa y sigue siendo “non grato” en muchos mercados. Sin necesidad de volver demasiado la vista atrás, basta con mirar de reojo a las últimas tramas de corrupción que han sacudido a las autonomías en los dos últimos años. Una cierta independencia administrativa con respecto al Estado de la que se han valido políticos y gestores privados convirtiéndola en una “patente de corso” para su beneficio propio y cuadrar también, a última hora, los despilfarros consentidos fuera de sus presupuestos.
Lo que en muchos países ni tan siquiera sería elevado al rango de noticia, aquí sí lo es. Y no tanto por la novedosa reforma de la Ley de Transparencia, sino por lo expuesto entre interrogaciones en el titular. Pendientes todavía del cómo y cuándo se llevará a cabo, lo cierto es que, por principio, toda nueva ley nunca puede ser con carácter retrospectivo: quedarían impunes todos los excesos cometidos hasta entonces con los que se ha agraviado a los ciudadanos desde las administraciones autonómicas. El gobierno popular ha disparado un atrevido cañón que apunta a extraños aunque, también, a propios.