La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por Esquerra Unida contra Juan Cotino, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por las adjudicaciones de 2009 a las residencias de su familia.
El grupo parlamentario de EU entregó a principios de mes al fiscal los expedientes de las adjudicaciones de 2009 a las residencias de la família Cotino, así como las transcripciones de las escuchas --en el marco del llamado 'caso Brugal'- entre Vicente Cotino (sobrino del presidente del parlamento autonómico) y el empresario alicantino Enrique Ortiz.
En un decreto dictado el 16 de julio por la Fiscalía Provincial de Valencia, este organismo da acuse de recibo a esa documentación y ordena la apertura de diligencias penales que pasarán al fiscal delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Jesús Carrasco. Tras conocer la resolución de Fiscalía, la diputada autonómica de EUPV Esther López Barceló ha manifestado su "alegría" por la apertura de diligencias, al tiempo que ha recordado que estas adjudicaciones ascienden a más de 15 millones de euros.
"En su mayor parte éstas fueron a parar a Savia o a Gerocentros, empresas vinculadas a la família de Cotino. Además, se produjeron mediante un procedimiento negociado sin publicidad, el cual también se ha repetido recientemente, en 2013 siendo ya la consellera Sánchez Zaplana, aumentando la cantidad a 22 millones de euros y de nuevo recayendo muchas de las adjudicaciones en las empresas vinculadas a la família Cotino", asevera la parlamentaria a través de un comunicado.