La mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados tiene la ventaja de que el Gobierno y su grupo parlamentario pueden legislar a sus anchas. Pero corren el riego de hacerlo en solitario. Y además, ser acusados de caciques.
Es lo que ha ocurrido en la Diputación permanente, el órgano de la Cámara baja que toma decisiones fuera de los períodos ordinarios de sesiones como es el mes de julio cuando se ha sabido del deseo del Gobierno de introducir en el orden del día del pleno extraordinario que empieza esta misma tarde- cosa que corresponde establecer a la Diputación permanente - el real-decreto ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministro en el que se introducen medinas para liberalizar varios sectores económicos.
Esta iniciativa gubernamental modifica, en 200 páginas de texto, hasta 25 leyes: desde la privatización de Aena hasta la regularización del sector energético, además de modificar las haciendas locales e introducir reformas laborales para propiciar la contratación de jóvenes.
El caso es que toda la oposición en conjunto, alegando una vulneración de los trámites reglamentarios, se ha opuesto a la pretensión del Gobierno. "Es una cacicada", ha clamado la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, tanto dentro de la sala de los debates como fuera ante los periodistas.
La representante del principal grupo de la oposición, además, ha anunciado la voluntad de los socialistas de recurrir ante el Tribunal Constitucional tanto el contenido del real decreto-ley como el procedimiento decidido unilateralmente por los populares con el fin de introducirlo en el orden del día del pleno extraordinario.
El resto de portavoces, principalmente el representante del grupo La Izquierda Plural, José Luis Centella, ha lanzado duras críticas incluso al propio presidente de la Cámara baja, el popular Jesús Posada, por permitir lo que ha calificado como "alteración de los procedimientos democráticos más elementales".