Los piquetes informativos están en entredicho los últimos años, algunos incluso pueden acabar en la cárcel por sus actuaciones en defensa del derecho a la huelga.
"Nos acusan de atentar contra los derechos de los trabajadores, cuando lo que hemos hecho toda la vida es defenderlos. Eso es lo que más me duele". Así resume Rubén Ranz, sindicalista de UGT, la paradoja de poder ser condenado a prisión.
Él y su compañero José Manuel Nogales participaron en un piquete informativo durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Entraron en una cafetería que permanecía abierta para dejar unos panfletos, pero -explica- "uno de los camareros se encaró con nosotros". Tras intercambiar unos gritos, "los antidisturbios, que nos venían acompañando desde el principio, cargaron contra nosotros sin avisar.
Nogales cayó al suelo y le detuvieron. A mí me arrestaron cuando les dije que no se llevaran al mayor de todos". Las consecuencias se resumen una acusación de la Fiscalía por un delito de atentado contra agente de la autoridad, otro de lesiones y otro contra el derecho de los trabajadores. Un total de tres años y siete meses de prisión para cada sindicalista.
Este es el caso más reciente, pero no el único. Apenas un mes atrás, Tamara y Ana, dos jóvenes gallegas eran condenadas a tres años y un día de cárcel por participar en un piquete durante una huelga para mejorar el convenio colectivo de su sector. Su delito fue arrojar pintura en la piscina olímpica de Pontemuiños, ya que la empresa para la que trabajaban se encarga de su mantenimiento. Además tendrán que pagar una multa de casi 1.200 euros por los desperfectos causados.
El juzgado de primera instancia las condenó a seis meses de cárcel y una multa, pero la Fiscalía Provincial de Pontevedra recurrió la sentencia pidiendo la pena máxima por coartar el derecho al trabajo de sus compañeros. Ana está embaraza y podría dar a luz en prisión por -no está probado que fueran ellas dos- manchar el agua de una piscina.
También en septiembre de 2010, Koldo González, secretario general de CCOO de La Rioja y otros cuatro compañeros de organización, participaron en un piquete durante la huelga general de ese año.
A día de hoy no hay sentencia firme, pero en febrero fueron juzgados tras una denuncia del propietario de la fábrica donde actuaron. La Fiscalía solicitó dos años de prisión para cada uno por un delito de coacciones, ya que algunos miembros del piquete presuntamente pararon las máquinas.
Rechazaron la propuesta del fiscal de declararse culpables a cambio de rebajar la pena. "Somos inocentes, nadie coaccionó a nadie ni hubo ningún tipo de violencia. Preferimos ir a juicio para que quedase demostrada nuestra inocencia", afirma a Público González, que subraya que, durante la vista oral, una testigo de la empresa identificó como culpable de parar las máquinas a una persona que ni siquiera estaba sentada en el banquillo de los acusados.