Los más morosos son las empresas más importantes. Eso es especialmente grave cuando una de cada tres empresas que cierra en España lo hace acuciada por la morosidad, uno de los lastres que a juicio de los empresarios y autónomos perjudican el crecimiento en España.
Preocupada por el alto índice de morosidad, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que agrupa a las asociaciones empresariales, ha publicado una encuesta para medir su situación real en España, sobre todo después de que el Gobierno del PP impulsara el plan de proveedores el IVA de caja
Una de las conclusiones principales de la encuesta es que la morosidad bajó en 2013, tanto en el sector público como en el privado. En el primero, el plazo medio de pago de las administraciones públicas se sitúa en 111 días, un 21% de reducción, pero en cualquier caso cuatro veces más de lo que marca la ley, que son 30 días. En 2012, las administraciones tardaban en pagar a sus proveedores 141 días. El avance es importante pero aún insuficiente.
Por lo que respecta al sector privado, el tiempo de demora en pagar está en 85 días, 8 menos que en 2012 y un 9% en términos relativos, pero lejos de los 60 días que estipula la ley. Peor dato ofrecen las empresas del Ibex-35: tardan en pagar 171 días, el triple de lo permitido.
El ratio de impagadas también ha descendido ligeramente hasta colocarse en el 5,1%. Según Antoni Cañete, presidente de PMcM, "este sigue siendo inadmisible para el tejido empresarial español. Es, ni más ni menos, que el doble de la UE". Y ese alto ratio tiene consecuencias: aumenta el coste de financiación de las empresas.
Esta reducción de los plazos de pago se ha visto acompañada de otra no tan buena: la que da Hacienda a las empresas para pagar los impuestos. "Muchos de nuestros asociados nos cuentan que Hacienda está reduciendo los plazos", cuenta Cañete.
La morosidad está tan instalada en el día a día que el 75% de las empresas no exigen nunca o casi nunca intereses de demora, algo que no deja de sorprender a los responsables de la PMcM. De hecho, el 68% de las empresas firman contratos que incumplen la ley al superar los plazos de pago de 60 días. Ante esta realidad, los empresarios agrupados en la PMcM piden pasar a la acción.
Y es que "estos datos justifican la necesidad de un régimen sancionador, algo que reclaman el 94% de las empresas", asegura Cañete, quien recuerda que la introducción de un régimen de sanciones a quien no cumpla los pagos está en trámite parlamentario y ayudará mucho, sobre todo a los pequeños empresarios.