"No deberíamos perder de vista los desafíos y oportunidades más cerca de casa". Así de claro ha sido el responsable del Comando Sur de Estados Unidos, el general John Kelly, responsable de las relaciones militares de Estados Unidos en Sudamérica.
De esta forma, ha insistido a los senadores del Comité de las Fuerzas Armadas sobre las consecuencias de "un reducido compromiso" con Latinoamérica.
"La situación en Venezuela se está cayendo a pedazos delante de nosotros y, salvo que no ocurra un milagro, que provoque que la oposición o del Gobierno de [Nicolás] Maduro se replieguen, va a precipitarse hacia la catástrofe económica y democrática", añadió Kelly.
Quiso reconocer que no tiene contacto militar con las Fuerzas Armadas venezolanas pero ha asegurado que, "de momento", sus mandos siguen siendo leales al presidente Nicolás Maduro, si bien, ha sugerido que en su seno "probablemente hay presiones y divergencias y opiniones determinadas sobre la dirección que debería seguirse".
Paralelamente, el Congreso de Estados Unidos recibía dos proyectos de ley bipartidistas en ambas cámaras con un mismo objetivo: imponer sanciones contra aquellos miembros del Gobierno de Nicolás Maduro con el pretexto de haber sido acusados de estar involucrados en los episodios de violencia.
Primero en el Senado, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el demócrata por Nueva Jersey Robert Menéndez presentó un texto legislativo acompañado por el también demócrata Bill Nelson y el republicano Marco Rubio, con quien días atrás ya introdujo una resolución de condena a la represión en el país caribeño y que fue aprobada este miércoles.
Sin embargo, la propuesta va más allá, ya que entonces los senadores instaban a Obama, a imponer sanciones contra los responsables del Gobierno venezolano de esos actos violentos pues en este caso, se solicita directamente al presidente que congele los activos de aquellas personas que crean convenientes, acusándoles de represión, así como la revocación de los visados a una lista de individuos propuesta por los legisladores y que compartirán con la Casa Blanca.
La "Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela", a diferencia de la introducida en la Cámara de Representantes, contempla el envío de 15 millones de dólares para la oposición política, organizaciones de la sociedad civil de la derecha y las grandes empresas de medios de comunicación.
"Esta legislación sirve como una fuerte advertencia a los miembros del Gobierno, las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados implicados en la violencia, de que Estados Unidos no tolera este tipo de conducta y en consecuencia responderá para ayudar a fortalecer a la sociedad civil venezolana", sentenció.