La Fiscalía Anticorrupción prevé solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, a quién acusará de un delito de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y dos delitos fiscales.
La pena específica a reclamar dependerá de si el yerno del Rey abona antes, junto a su exsocio Diego Torres, los cerca de seis millones de euros de los que se apoderaron de las Administraciones públicas.
Tal y como han precisado, la cantidad de años que pedirá el Ministerio Público se acercaría más a las condenas mínimas previstas para cada delito, principalmente si el imputado decide devolver parte del dinero presuntamente defraudado de Baleares y la Comunidad Valenciana, lo que permitiría aplicarle una atenuante de reparación del daño.
Del mismo modo, las mismas fuentes han precisado que el delito de malversación que prevé atribuir la Fiscalía al Duque irá en concurso medial con el de falsedad documental, debido a que la primera de estas infracciones pudo cometerse sirviéndose de la segunda para que pudiera materializarse.
De este modo, de acuerdo a lo previsto en el Código Penal para los concursos de penas, el de falsedad quedaría subsumido en el de malversación y, sólo por este delito, se le pediría de seis a ocho años de prisión.
En cuanto a Torres, la pena que la acusación incluirá en su escrito de calificación provisional, que presentará en unos meses, oscilaría entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será atribuido un solo delito fiscal.
En cambio para la hija del rey, el fiscal reclamará que pague 600.000 euros por responsabilidad civil, según publican algunos medios de comunicación, algo que para el coordinador federal de IU, Cayo Lara, demuestra que la Casa Real maneja una estrategia para eludir de toda responsabilidad a la hija menor del rey "y que todo el marrón se lo coma el plebeyo", en referencia a su marido, Iñaki Urdangarin, al que la infanta con sus respuestas evasivas habría utilizado como escudo.
En rueda de prensa, Lara ha celebrado que finalmente la infanta haya dado explicaciones ante el juez y ha pedido que ahora se deje trabajar a la justicia con independencia "y sin ningún tipo de presiones de la Casa Real, el Gobierno, la Fiscalía o el abogado del Estado".
Según ha advertido, existe una clara estrategia para "proteger a la Corona" y que consiste en responsabilizar de todas las actuaciones a Iñaki Urdangarin, exonerando de toda culpa a la infanta Cristina.
"Está la estrategia de dejar que Urdangarin apechugue con toda la responsabilidad y dejar a la infanta al margen de las actuaciones de una empresa de la que era accionista al 50%", ha avisado.
"Siendo una persona preparada, formal y culta, tan mala memoria no se puede tener", ha ironizado Lara sobre las respuestas de la infanta, quien cree que durante los últimos meses ha sido perjudicada por quienes precisamente querían defenderla.
"Han echado más leña al fuego y consolidado en la opinión pública que, si se quería evitar su declaración, sería por algo", ha sostenido.
En este punto, ha dicho que a las responsabilidades de la Casa Real más allá de la decisión que adopte el juez sobre la hija del rey y ha exigido explicaciones de por qué no se actuó cuando se tuvo conocimiento de las actividades irregulares de Urdangarin.
"Enviarle a Washington no resolvía el problema de fondo", ha insistido aludiendo directamente al rey, quien cree que debería haber puesto a disposición de la justicia los datos con los que contaba en vez de intentar tapar el asunto.