Los últimos datos sobre la implicación del PP en la trama Gürtel desvelados al juez por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía no han hecho mella en el empeño del Gobierno y el Partido Popular por desvincularse de ellos.
El último argumento que la formación popular ha distribuido a sus filas insiste en el mensaje de ignorar los datos policiales y judiciales y sacar pecho por que el PP es "el primero que lucha contra la corrupción con hechos".
Los conservadores piden a "todos los partidos" que se sumen a ellos y, como ha dicho esta mañana en TVE su número tres Carlos Floriano, alcancen "un pacto por la transparencia para poner fin a la corrupción en el futuro".
El texto de los conservadores recuerda que este "paquete de medidas pioneras" en el que trabaja el Gobierno supone haber "puesto en marcha la primera ley de Transparencia de la democracia", recuperar "la responsabilidad penal de los partidos, que el PSOE había eliminado en 2010" o reformar "la ley de partidos políticos, para que las cuentas de los partidos sean más claras".
Procedimientos "más ágiles"
El PP recuerda asimismo que la reforma del Código Penal ha introducido "por primera vez el delito de financiación ilegal de partidos y penas más duras contra el tráfico de influencias, medida a las que se opuso UPyD" al tiempo que se jactan de haber "agilizado los procedimientos contra la corrupción, con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal" y el impulso de "la colaboración con el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria, las entidades financieras y la Seguridad Social" cuando la realidad es que el caso Palma Arena, empezó en 2008 (hace seis años) y de él se separó la pieza caso Nóos en 2010 (hace cuatro) o el caso Gürtel-Bárcenas, que reventase en 2009 (hace un lustro).
Pero eso no parece importante para los conservadores que se limitan a enumerar las medidas adoptadas o en adopción, son concretar sus resultados o impacto en las tramas de investigación abiertas, y, en este sentido, concluyen con que el Ejecutivo "ha reformado la ley de contratos públicos y la de prevención de blanqueo de capitales".
Y mientras tanto los españoles más preocupados con la corrupción
La preocupación ciudadana por la corrupción sigue aumentando y se mantiene como el segundo problema para los españoles tras el paro, según el barómetro de enero del CIS.
Así, el desempleo supone el principal problema para la ciudadanía, pues lo citan el 78,5%, seguido de la corrupción y el fraude (39,5%), los problemas económicos (30,5%) y los políticos y los partidos (26,9%).
Además, en esta misma encuesta, la gran mayoría de los ciudadanos (81,8%) considera que la situación política es "mala" o "muy mala", aunque sigue siendo peor la percepción que se tiene de la situación económica, pues la califican de "mala" o "muy mala" el 86,7%.
En este sondeo realizado entre el 3 y el 15 de enero, la preocupación por el paro aumentó 1,5 puntos respecto al barómetro anterior, y la citan el 78,5% de los encuestados, mientras que se acelera también la inquietud por la corrupción, casi dos puntos, hasta el 39,5%, aunque lejos del 44,5% que obtuvo en marzo de 2013.
Los problemas económicos se mantienen como el tercer problema para los encuestados, citada por el 30,5%, mientras que los políticos y los partidos son la cuarta preocupación, pues así la señalan el 26,9% de los encuestados.
Según la encuesta del CIS, la sanidad es la quinta inquietud para los ciudadanos, así la señalan el 11,6%, seguida de los problemas de índole social (7,5%) y la educación (7,4%).