El recurso ante el Tribunal Constitucional que planteó el PP contra la Ley Andaluza de Vivienda sostiene que esta legislación debe anularse porque "compromete gravemente" la prima de riesgo y la restructuración del sector financiero español.
El Gobierno del PP alega que, "si cediera el derecho a favor de su función social", en alusión a la norma andaluza, "desaparecería la propiedad privada".
En respuesta al recurso, que ha colgado la Junta de Andalucía en su página web, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, afirmaba este miércoles que el texto del recurso de inconstitucionalidad promovido Mariano Rajoy contra la ley es "una catarata de ideología neoliberal, basada en el discurso del miedo" y está "destinado a negar a las instituciones andaluzas el derecho a aprobar leyes con impacto económico en defensa de los trabajadores".
Donde deberían estar los fundamentos de derecho del recurso sólo hay un discurso político neoliberal de defensa de la banca a toda costa, según el cual el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en Andalucía es incompatible con la recuperación económica y la bajada de la prima de riesgo", señalaba Cortés, que ha afirmado que conocer "la letra concreta" del recurso confirma que el mismo supone "un golpe institucional contra la autonomía andaluza para imponer a Andalucía un camino político contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos".
La ley andaluza recurrida fue aprobada el pasado 1 de octubre y derogó el decreto ley de Andalucía de abril sobre este mismo asunto y que, en su momento, ya fue objeto de otro recurso de inconstitucionalidad, que también supuso su suspensión cautelar.
El Tribunal Constitucional suspendió el 16 de enero de forma cautelar la ley andaluza al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno, han informado fuentes del tribunal.