El Ministerio de Justicia considera que la Ley Orgánica de Protección de Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada tendrá un impacto económico "neto positivo por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad".
El ministerio dirigido por Gallardón reconoce que éste será "difícilmente cuantificable" y en todo caso, requerirá de "una proyección en el tiempo" en la memoria que acompaña al anteproyecto de Ley, un documento de 48 páginas y en el que se detallan desde las motivaciones del departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón para poner en marcha la reforma hasta el impacto que tendrá sobre la economía, sobre las mujeres y sobre las personas con discapacidad.
En cuanto al impacto económico, detalla que "aunque ciertamente la aplicación de las disposiciones del anteproyecto podría tener un impacto económico que es difícilmente cuantificable y con una proyección en el tiempo, no se considera que deba ser asociado directamente el mismo a la aprobación de la norma", dado que su "finalidad primordial" es la adaptación de la normativa a la "defensa de la vida del nasciturus".
Con todo, señala que tendrá repercusiones a nivel económico, sobre "la economía familiar" y con un "impacto neto positivo, por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad", dado que la normativa proyectada restringe los supuestos despenalizados de aborto a los casos de violación y de peligro grave para la salud física o psíquica de la embarazada.
A nivel presupuestario, contempla que "las cargas administrativas en el ámbito sanitario y de servicios sociales que pudiera suponer la implantación de la ley, serán asumidas con cargo a los créditos actualmente existentes potenciando, en todo caso, los medios materiales y personales para la prestación del asesoramiento asistencial a la mujer embarazada en general y a la que se encuentra en una situación de conflicto en especial".
En cuanto al impacto de género, informe que la Administración tiene obligación de incorporar a todas las leyes, el documento asegura que será "positivo" porque "se deja de considerar el aborto como un derecho de la mujer y como un método de planificación familiar".
"Aunque por muchos se considerará que constituye uno de los mayores impactos negativos en cuanto al ámbito de género, la finalidad de la ley es muy distinta", explica este documento del Ministerio de Justicia, para desgranar que si bien "es cierto" que la ley de plazos vigente "considera que el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo" debe "prevalecer sobre el derecho a la vida del nasciturus", la reforma no está restringiendo sus derechos.
Según argumenta, el objetivo es "la defensa efectiva de la vida del concebido y no nacido en aquellos supuestos en los que no hay conflicto con otros derechos y valores constitucionales, dejando de hacer depender la tutela del concebido de forma absoluta, en sus primeros momentos de la voluntad de la mujer, ya que la vida del concebido es un valor constitucional digno de protección, distinto a los derechos de la mujer".