Todos los que tuvieron conocimiento del informe de anomalías en la curva de A Grandeira que un jefe de maquinistas redactó en diciembre de 2011 tratan de escurrir el bulto.
Falta de competencias en materia de seguridad, fe ciega en que la vía cumplía la "normativa reglamentaria", o incluso, que el envío les llegó de forma tardía para poder leerlo. Ésas son, en resumen, las excusas esgrimidas por la mayoría de los cargos intermedios de Renfe.
La polémica saltó hace una semana, cuando se supo que la advertencia de José Ramón Iglesias Mazaira sobre la peligrosidad en Angrois había llegado a sus superiores 19 meses antes del accidente del Alvia en el que murieron 81 personas.
El juez Luis Aláez, instructor del caso, solicitó a Renfe que le entregara toda la documentación relativa a tal documento y tres días después, la operadora pública entregó en el juzgado número 3 de Santiago 148 folios con actas de reuniones, correos electrónicos y declaraciones de algunos miembros de personal en los que, principalmente, se destaca que la responsabilidad en materia de seguridad en las vías es de Adif y se informa de que, de lo recogido en el correo de Iglesias Mazairas, se trataron sólo aspectos ajenos a materia de seguridad.
Sólo el propio remitente y quien recibió su correo, José Luis Rodríguez Vilariño, profundizan en la recomendación del primero de colocar en la curva señales de limitación permanente a 80 kilómetros por hora en una zona que califica como de "máxima atención y de riesgo".
En sus explicaciones por escrito remitidas a RENFE indica que la señalización en todo caso estaba dentro de "la normativa vigente", y que ambos acordaron reforzar la formación de los maquinistas sobre el problema.