El Consejo de Ministros aprobó la nueva Ley de Parques Nacionales a pesar de la posición en contra de las ONG e, incluso, del Consejo de Estado, que ha alertado de posibles indicios de inconstitucionalidad.
El Gobierno defiende, sin embargo, que ha incorporado "todas las observaciones" realizadas por el órgano consultivo que, en cambio, pidió al Ejecutivo que reconsiderara "la totalidad" del proyecto.
Las organizaciones ambientales denuncian que la ley "abre la puerta a actividades prohibidas hasta ahora e introduce una peligrosa excepción para la transformación urbanística en los parques".
El texto contempla la navegación turística en Monfragüe o el vuelo sin motor en Guadarrama, además de permitir edificar dentro de los parques ya existentes y permite la intervención directa del Estado, coordinado con las comunidades autónomas, en caso de catástrofes o situaciones extremas, como los incendios forestales.
"Se trata de toda una serie de excepciones a la carta que se incluyen en el proyecto de ley para fomentar actividades turísticas y económicas en beneficio de la rentabilidad particular y en perjuicio de los parques nacionales como figura de máxima protección", critica Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.
La ONG alerta de que el proyecto de ley reconoce a los "titulares de derechos" (propietarios de fincas, gestores de cotos de caza...) más capacidad de influir que al resto de la sociedad. Además, no regula el control de poblaciones, "de forma que se podrá seguir practicando la caza de forma camuflada".