Los propietarios chinos de tiendas de alimentación reclaman su derecho a vender alcohol en las mismas condiciones que los comercios españoles.
Cerca de 300 comerciantes chinos se manifestaron en Cibeles este lunes para pedir que el Ayuntamiento les conceda la denominada “segunda licencia” que permite la venta de alcohol a cualquier hora del día. Denuncian que de los 3.000 establecimientos chinos que hay en Madrid menos del 25% han conseguido dicha licencia.
Bajo el lema “Pago mis impuestos, quiero la segunda licencia” se dirigieron los tres centenares de comerciantes chinos a la sede del Ayuntamiento de Madrid para entregar en el Registro Municipal más de 200 solicitudes de la “segunda licencia”.
La modificación de la Ley de Drogodependencias, aprobada en diciembre de 2010, permite exclusivamente a los establecimientos de conveniencia vender alcohol a partir de las 22.00 horas. Estos establecimientos son los que abren 18 horas al día, tienen menos de 500 metros y reservan un espacio para prensa, libros y revistas.
En 2002, la Ley Antibotellón ya había restringido la venta de alcohol a los comercios que obtuvieran la llamada “segunda licencia”, concedida por concejales de la junta municipal. Desde la Asociación de Comerciantes de origen chino en España denuncian que los concejales no están respondiendo a las reiteradas solicitudes que les han presentado.
Pedro Zhang, presidente de la Asociación de Comerciantes Chinos de Tiendas de Alimentación en España, señala que la prohibición de vender alcohol a partir de las 22.00 horas reporta unas pérdidas económicas a los comercios de un 60%. Las multas por incumplir la ley oscilan entre los 30.000 y los 90.000 euros, pagos que los comerciantes aseguran no poder afrontar.
Fuentes del Ayuntamiento niegan que las licencias se les denieguen por motivos discriminatorios. Para ser concedidas, requieren un informe de idoneidad, en el que se incluyen factores como la cercanía a los colegios.
Esta es la segunda ocasión en la que los comerciantes chinos se manifiestan en la capital. La primera fue en el año 2005 a causa del cierre al tráfico de Embajadores y ya entonces acusaron a Gallardón de perseguirles.