El coordinador federal de IU acusa a la vicepresidenta del Gobierno de "criminalizar" a los parados tras escucharla asegurar ayer que más de medio millón de desempleados estaban cobrando la prestación sin derecho a ella.
Antes de su intervención en el III Foro de Abogados de Izquierdas en Madrid, Lara ha calificado como "falacia" las declaraciones de Sáenz de Santamaría al tiempo que ha pedido la presencia de la vicepresidenta en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones.
"Estamos severamente preocupados por estas declaraciones, porque ha mentido. Es una falacia que se ha desmontado por sí sola y lamentamos profundamente que haya criminalizado a los parados y a los que están padeciendo la crisis", ha asegurado.
Y es que Sáenz de Santamaría metía ayer en el mismo saco a parados que han cometido alguna falta administrativa (que les ha supuesto en algún momento la suspensión temporal de la prestación) y a los que han cometido de verdad fraude en el cobro de la prestación y los datos que ha proporcionado luego la propia Presidencia del Gobierno, junto con los que ha venido ofreciendo en los últimos meses el Ministerio de Empleo, matizan notablemente las estadísticas con las que faltaba a la verdad la vicepresidenta durante la rueda de prensa.
Según la nota oficial facilitada tras la rueda de prensa, durante el año y medio de funcionamiento de las medidas contra el fraude "se han realizado en ese período más de dos millones y medio de actuaciones de control que han dado como resultado la sanción a 520.572 perceptores de prestaciones por desempleo", pero la mayoría de esas sanciones han sido por el incumplimiento de requisitos administrativos tales como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones, o la no renovación de demanda de empleo, lo que según el Gobierno, ha supuesto para la mayoría de ellos la suspensión temporal, de uno a seis meses, del cobro de la prestación.
Sólo en una décima parte de los casos se ha producido una retirada definitiva de la prestación. Exactamente, según la información difundida por la ministra de Empleo, Fátima Báñez el pasado agosto, entre enero y junio de 2013 "se ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios" (en el primer semestre de 2012 se retiró la prestación a 52.269).
Y muchos menos son los desempleados que cobraban el segundo del paro y a la vez trabajaban en la economía sumergida. Según los datos de agosto de Empleo, entre enero y junio se descubrieron 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las han obtenido fraudulentamente (frente a los 4.526 del año anterior).