El Ministerio de Empleo presentará el próximo año una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en la que "se reforzarán las medidas" derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo en desempleados y la persecución del cobro indebido de prestaciones.
Eso es lo que nos han avanzado desde el Consejo de Ministros.Y es que Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior, ha recordado que, con la ley actual en la mano, un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses, si rechaza no una sino dos, la suspensión dura seis meses y si son tres las ofertas rechazas, la prestación por desempleo se extingue.
El Consejo de Ministros quiere poner remedio a esto y por ello "reforzarán las consecuencias" que se derivan sobre el parado por rechazar ofertas adecuadas- señala la vicepresidenta del gobierno- al tiempo que destaca que Empleo está trabajando también en una nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.
Sáenz de Santamaría respondía así al ser preguntada por si el Gobierno piensa acometer alguna reforma para combatir el fraude en el paro, una vez conocido que entre enero de 2012 y junio de 2013 se habían detectado más de 520.000 desempleados cobrando indebidamente prestaciones, lo que ha generado al Estado un ahorro superior a los 3.000 millones de euros.
Sabemos dónde vivimos
Con respecto a una de las últimas polémicas del Gobierno, una afirmación de Montoro sobre los salarios, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha querido entrar en el debate sobre si los salarios caen en España, únicamente se ha limitado a asegurar que el Gobierno "es consciente" de que "muchas personas han perdido su empleo y otras han reducido o ajustado su salario" durante la crisis y que los funcionarios "llevan bastante tiempo con el sueldo congelado".