Las asociaciones de magistrados Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria ven "inadmisible" los insultos y gritos vertidos contra la juez instructora del caso de los ERE andaluces, Mercedes Alaya, a las puertas de los juzgados de Sevilla.
Varias decenas de sindicalistas, en su mayor parte de CCOO, recibían este jueves con gritos de "libertad" a Salvador Mera, secretario de UGT en Cádiz y el primero de los siete detenidos por los ERE falsos que ha pasado a disposición judicial.
Unas horas antes, y coincidiendo con que la juez Mercedes Alaya salía de los juzgados para comer, el mismo grupo la increpó con insultos como "fea". Durante la concentración de los sindicalistas también se corearon consignas como "Alaya, pepera, métete en la lechera".
Es "inadmisible que se efectúen descalificaciones, insultos o presiones contra un miembro del Poder Judicial, que está actuando de forma independiente para aclarar una serie de hechos que, indudablemente, revisten una enorme gravedad", ha advertido el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch.
"Las críticas a la decisiones judiciales son legítimas, pero creemos que lo correcto es que se aporten argumentemos jurídicos o fácticos que desvirtúen lo que pueda acordar un magistrado", ha señalado, para después insistir en que "en ningún caso" la respuesta puede ser "el ataque personalizado" al juez porque "cuando actúa está representando a un poder del Estado".
La Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también ha mostrado su rechazo a las "actitudes cercanas al acoso" y a las "injustificables descalificaciones personales" dirigidas a la juez Mercedes Alaya, por los casi 200 miembros de CCOO y UGT con motivo de la puesta a disposición judicial de los sindicalistas detenidos en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta.
Así lo expresa la Sala del Gobierno del TSJA en un comunicado hecho público este viernes "ante los incidentes ocurridos en la sede de los Juzgados de Sevilla" y en el que señala que "las actitudes cercanas al acoso a una autoridad judicial que han quedado constatadas en los medios de comunicación, así como las injustificables descalificaciones personales dirigidas contra la misma, revelan una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de Derecho, entre las que se encuentra la independencia judicial y su respeto frente a todo tipo de presiones".
Junto a ello, el alto tribunal recuerda que "el procedimiento penal tiene cauces suficientes y adecuados para garantizar la defensa de las personas investigadas en una causa penal y manifestar, en su caso, la discrepancia o crítica con cualquier decisión judicial".
Es inadmisible
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte ha rechazado también el "abucheo" y el "acoso" dirigido a la juez Mercedes Alaya. "El abucheo y el insulto no es admisible en nuestro sistema democrático", subraya.
La vicepresidenta ha pedido respeto para la justicia y ha hecho una llamada a la reflexión para que quien no comparta las resoluciones judiciales acuda a las vías previstas en la Constitución y el resto de las leyes para ello.
"Creo que todos tenemos que respetar a la justicia pero, indudablemente, quienes participamos en las instituciones democráticas, como somos los partidos políticos o los sindicatos, todavía más", subrayaba Sáenz de Santamaría, para quien "los jueces tienen una tarea" y "a todos nos corresponde respetarla".
"El abucheo, el acoso o el escrache no es admisible", insiste la vicepresidenta, al tiempo que añadía que la oposición a las decisiones judiciales se puede manifestar con las formas que establecen las normas, es decir, con "la vía del recurso" ante los tribunales, no a través del "recurso al insulto al abucheo o a la presión".
No contribuyen a nada
El coordinador regional de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, señala por su parte que las concentraciones ante los juzgados no contribuyen "a la clarificación de las cosas" y todo lo que no ayude a ese fin "no son prácticas que sean positivas".
Así lo ha indicado este viernes a preguntas de los periodistas en Jaén sobre las últimas actuaciones en el marco de esa causa, sobre la que insistido en no valorar "lo que tiene que hacer el poder judicial" manteniendo, eso sí, la postura política de su formación con "tres puntos innegociables": llegar hasta el final en la investigación de "esa práctica deleznable", asumir "todas las responsabilidades caiga quien caiga y que se devuelva el dinero robado".
Condenas contundentes
El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, exigía este viernes una "condena contundente" a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a los líderes de CCOO y UGT en Andalucía, Francisco Carbonero y Francisco Fernández, respectivamente, sobre las manifestaciones que ayer protagonizaron miembros de estas organizaciones sindicales a las puertas del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla para mostrar su rechazo a las detenciones ordenadas por la juez Mercedes Alaya dentro de la segunda fase de la 'Operación Heracles'.
En rueda de prensa, Sanz ha pedido a la presidenta de la comunidad que "denuncie la actitud de algunos miembros de estos sindicatos" porque, de lo contrario, no será tan "contundente" contra la corrupción como dice ser.
Igualmente, ha reclamado a Carbonero y Fernández, máximos responsables de CCOO y UGT en Andalucía, "un poquito más de responsabilidad y una denuncia contundente sobre los hechos que se produjeron ayer" en la capital hispalense y que, para el PP-A, no son propios de unas organizaciones que son "fundamentales en nuestra democracia" para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores.
"No sé si es que los líderes sindicales de nuestra comunidad piensan que la justicia no es igual para todos. Cuando la justicia detiene a sindicalistas, ¿hablamos de justicia franquista?", se ha preguntado Sanz para reprobar algunos de los gritos y proclamas que ayer se escucharon a las puertas del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.
La concentración, que comenzaba a primera hora de la mañana, se mantuvo durante todo el día y en ella participaron no sólo militantes de base, sino también los dirigentes sevillanos de ambos sindicatos, que han defendido la honestidad de los arrestados.
Según su versión, las comisiones cobradas que investiga la juez Alaya tenían como destino el pago de los gastos sindicales, y no el enriquecimiento personal de los acusados.