26 de mayo de 2020, 4:21:49
ACTUALIDAD


Más corrupción, más amaños

Por German Martín

La Fiscalía Anticorrupción acusa a las 11 personas detenidas en el marco de la 'operación Termyca', de alterar concursos y subastas públicas, de blanqueo de capitales y de cohecho, entre otros delitos.


Según informó el Ministerio Público, este martes se están realizando 48 registros en los ayuntamientos de 23 localidades de España y Andorra, en una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona). Además, se han realizado 16 requerimientos ayuntamientos y organismos públicos.

A través de un comunicado, Anticorrupción explicó que los registros y requerimientos están orientados a recabar expedientes de contratación de diversos organismos y empresas que pudieran derivar en delitos contra la Administración Pública.

En concreto, se investigan delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a las Administraciones e infidelidad en la custodia de documentos.

Las actuaciones tuvieron inicio en las denuncias de concejales de varios de los ayuntamientos afectados. Desde las actuaciones realizadas por el juzgado de El Vendrell en el Ayuntamiento de Torredembarra por la adjudicación de diversos contratos con Efial Consultoría, S.L. se ha seguido investigando por la Guardia Civil, habiéndose unido las investigaciones que se desarrollaron en los Juzgados de Tortosa, Gandesa y Reus.

Se están practicando simultáneamente 48 entradas y registros: 14 en domicilios, siete en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, siete en entidades públicas y ocho en los ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en la provincia de Madrid; Trillo (Guadalajara); y Tortosa, Ascó, Vandellós y l'Ametlla de Mar, en Tarragona.

La investigación ha desvelado la existencia de una operación financiera mediante la cual Efial Consultoría, S.L. fue absorbida por otra, CGI (Control de Gestión de Ingresos, S. L.), creando un entramado similar a la primera que hizo que la actividad delictiva se extendiera fuera de Cataluña.

Participan en la operación 342 guardias civiles de las comandancias de Tarragona, Barcelona, Lleida, Girona, Madrid, Guadalajara, Huelva, Granada, Castellón y Baleares.

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