En medio de la calma postelectoral, Nicolas Sarkozy ha visto como la policía francesa entraba en su casa, su despacho de abogados y las oficinas de París para llevar a cabo la investigación del escándalo Bettencourt. La acción policial ha sido ordenada por el juez de instrucción de Burdeos, Jean Michel Gentil, según explican los medios franceses, y tiene por objetivo esclarecer la supuesta entrega de dinero por parte de la empresaria Lilliane Bettencourt – propietaria de l’Òreal - para financiar la campaña electoral del 2007 del expresidente francés. El caso cuenta con diversos testimonios recogidos por la justicia que revelan que las visitas de Sarkozy a los domicilios de Bettencourt durante el 2007 podrían haber estado motivadas para la entrega del dinero en efectivo.

Además, algunos medios de comunicación franceses han previsto que en las próximas horas el juez podría llamar a declarar a Sarkozy para que explique la financiación que obtuvo durante la campaña electoral en cuestión.

Hasta ahora, el expresidente gozaba de la inmunidad judicial que protege a los jefes de Estado franceses. Pero tras perder las elecciones y ceder el cargo a François Hollande ha dejado de beneficiarse de ésta, aunque sigue siendo miembro del Consejo Constitucional.

Al haber perdido este privilegio la justicia también puede convocarle en los otros tres casos en los que su nombre ha sonado. Uno, relacionado con la campaña electoral del 2007, otro sobre la de Edouard Balladur en 1995, (cuando Sarkozy era ministro) y el tercero, sobre la atribución de unos contratos durante su pasado mandato.