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No ha habido injerencias con la Fiscalía
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No ha habido injerencias con la Fiscalía

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, manifestó este jueves que no ha habido "ninguna injerencia" para que la Fiscalía General del Estado haya impuesto a las dos fiscales del 'caso Púnica' el criterio de no acusar por esta causa al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

En declaraciones en el Congreso, Catalá destacó el hecho de que cuatro fiscales del Tribunal Supremo y la Secretaría Técnica de la Fiscalía General han considerado que "no hay causa" contra el presidente de Murcia.

Destacó que han sido estos miembros del Ministerio Público los que han rechazado el criterio de las dos fiscales del 'caso Púnica', por lo que está fuera de lugar "sospechar" que el Gobierno ha influido para que se siga la vía exculpatoria. Incidió en que por parte del Ejecutivo no ha habido "ninguna injerencia, ninguna indicación, ninguna interferencia en la actividad de la Fiscalía".

Además, Catalá dijo que es llamativo por qué "nadie pregunta por qué dos fiscales creen que hay delito donde otros fiscales creen que no lo hay", en referencia a la actuación del presidente de Murcia y a las diferencias dentro del Ministerio Público.

Según el ministro, el "fondo de la cuestión" es que en el 'caso Púnica' se ha investigado a Sánchez por "haber intentado generar un contrato para mejorar su reputación en las redes sociales", pero resaltó que "no hay ningún pago, ninguna materialidad", ya que el encargo no llegó a formalizarse.

Añadió que este "debate interno" en la Fiscalía es algo que sucede "cotidianamente" y estas "discrepancias" no deberían trascender, puesto que es el "funcionamiento normal" de una organización.

Respecto a cuándo debería dimitir el presidente de Murcia si prosperan las investigaciones en su contra en el Supremo, Catalá dijo que el PP y el Gobierno entienden que "es en la apertura de juicio oral donde puede existir algún tipo de responsabilidad y no antes".

Sostuvo que para los populares es "prematuro" exigir responsabilidades políticas a un cargo público por "la mera tramitación de un proceso penal en la que todavía no se ha producido una investigación a fondo", en referencia a que debe haber un auto de procesamiento o una apertura de juicio.

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