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La ONU denuncia el uso generalizado de la fuerza en Venezuela
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La ONU denuncia el uso generalizado de la fuerza en Venezuela

Las fuerzas de seguridad de Venezuela han llevado a cabo un "uso generalizado y sistemático" de violaciones de derechos humanos contra manifestantes desde que las protestas populares comenzaran el pasado 1 de abril.

Las fuerzas de seguridad de Venezuela han llevado a cabo un "uso generalizado y sistemático" de violaciones de derechos humanos contra manifestantes desde que las protestas populares comenzaran el pasado 1 de abril, como fuerza excesiva, torturas, malos tratos y allanamientos violentos de viviendas, así como de más de 5.000 detenciones arbitrarias hasta el pasado 31 de julio.

Éstas son las conclusiones de un equipo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, que apuntan a "un patrón de violación de derechos humanos durante las manifestaciones de Venezuela", según informó este martes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh).

Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los expertos indican que los cálculos más fidedignos indican que más de 5.051 personas fueron detenidas arbitrariamente desde el 1 de abril hasta el 31 de julio y que más de 1.000 continuaban privadas de libertad en conexión con las protestas.

En varios casos examinados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hay "indicios verosímiles" de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura.

A falta de respuesta de las autoridades venezolanas a sus peticiones de acceso, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos del país del 6 de junio al 31 de julio.

El equipo llevó a cabo unas 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General. También recibió información por escrito de la oficina del Defensor del Pueblo.

Los testigos relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparados a corta distancia y que la policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos. Además, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes.

Según los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales en muy raras ocasiones condenaron esos incidentes.

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