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La estiba queda oficialmente liberalizada
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La estiba queda oficialmente liberalizada

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la convalidación del real decreto ley que liberaliza el sector de la estiba en España con 174 votos a favor y 8 abstenciones, las del PDECat, frente a 165 votos en contra.

Esta era la segunda vez que el Gobierno sometía a la convalidación del Congreso un decreto sobre la estiba, ya que el primero, que fue aprobado por el Ejecutivo el 28 de febrero, fue rechazado por las cortes el 16 de marzo.

En esta ocasión el Gobierno ha logrado el voto favorable de Ciudadanos, que se abstuvo en marzo, y la abstención del PDECat, que votó en contra. Dicho respaldo se suma al del PP, UPN, Foro Asturias y el PNV.

En respuesta a la aprobación de este nuevo decreto, los sindicatos han convocado ocho jornadas de huelga entre el 24 de mayo y el 9 de junio. Se llevarán a cabo todos los lunes, miércoles y viernes en horas impares.

Por su parte, la patronal Anesco ha mostrado también su malestar por el hecho de que no ha sido consultada antes de la aprobación de este nuevo real decreto ley, algo que considera "una irresponsabilidad".

Por ello, durante la defensa del decreto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pidió a la patronal y los sindicatos del sector "sensatez y sentido común", ya que "el real decreto ley establece condiciones suficientes y herramientas adecuadas para alcanzar acuerdos que aporten estabilidad y garanticen el mantenimiento del empleo y la productividad de las empresas".

Este nuevo decreto es muy similar al rechazado. La principal novedad es que el Ministerio de Fomento se compromete a aprobar otro real decreto que lo acompañará, en el que se recogerá la mediación llevada a cabo por Marcos Peña.

Dicha mediación contempla garantías para el mantenimiento del empleo de los actuales estibadores, mejoras de productividad y ayudas para prejubilaciones, que podrían alcanzar hasta 120 millones de euros.

Además de una disposición adicional que recoge este compromiso, otros cambios del decreto ley afectan a la posibilidad de que pueda haber convenios de puertos o a la exigencia de realizar prácticas para contar con el certificado de profesionalidad, además de no requerir la titulación de Formación Profesional.

También contempla modificaciones en la cotización por contingencias de los contratos temporales de menos de siete días y establece la limitación de la manipulación portuaria de vehículos a motor.

Con todo ello, el Gobierno aspira a evitar la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2014, que a fecha de hoy asciende a unos 24 millones de euros y que podría aumentar, si se produce una nueva sentencia condenatoria, a un ritmo de 134.000 euros diarios.

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