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El Constitucional frena la ley de ruptura que aprobó el Parlament
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El Constitucional frena la ley de ruptura que aprobó el Parlament

Era de esperar: El Tribunal Constitucional ha suspendido la ley de ruptura que aprobó el Parlament de Cataluña tras admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la república catalana.

Se van cumpliendo los pronósticos. No hace ni una semana que el Parlamento de Cataluña aprobaba esta ley con la que JxSí y la CUP quieren consumar la ruptura de Cataluña del resto de España. Todo esto si gana el 'sí' en el referéndum (ilegal) del próximo 1 de octubre.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional (TC) había acordado poco antes la suspensión de la ley de referéndum, de los decretos de convocatoria y organización de la consulta de autodeterminación y otro acuerdo del Parlamento de Cataluña sobre el nombramiento de una Sindicatura que pretende ejercer de Junta Electoral.

Un año es el periodo de tiempo que establece la ley para crear una Constitución y convocar las primeras elecciones de una república catalana en la que seguirían vigentes las normas de la UE, los tratados internacionales y todas las leyes estatales que "no contradigan" la ley catalana de transitoriedad jurídica. Y no sólo eso, ya que, durante este periodo, se podrían recuperar todas aquellas normas catalanas que ya haya suspendido el Tribunal Constitucional.

Carles Puigdemont, ¿jefe del Estado?

El presidente de la Generalitat pasaría a ser, automáticamente, el jefe del Estado. Cataluña asumiría también el control de fronteras y aduanas, además de expulsar al Ejército hasta que la futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio.

Uno de los puntos más polémicos tenía que ver con los empleados públicos del Estado que, a la luz de esta ley catalana, se integrarían en el cuerpo funcionarial de la Generalitat, manteniendo sueldo y condiciones.

La nacionalidad catalana la tendrá quien tenga la española y esté empadronado en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016 y, aunque todo catalán mantendría la nacionalidad española, podría renunciar a ella.

Amnistía a condenados por el proceso soberanista

La ley de ruptura crea también un ordenamiento jurídico, aunque manteniendo las plazas de los actuales jueces, magistrados, fiscales y letrados. El TC sería sustituido por la Sala de Garanties, mientras que el TS se cambiaría por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El presidente del Supremo catalán sería nombrado por el Gobierno catalán y el fiscal general por el Parlament, quienes tendrían que acatar la amnistía a los condenados por el proceso soberanista.

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